En la formación y ejecución de los contratos públicos deben respetarse los principios de legalidad, la búsqueda del interés público, la imparcialidad, proporcionalidad, buena fe, protección de la confianza, sostenibilidad y responsabilidad, competencia, publicidad y transparencia, igualdad de trato y no discriminación. El procedimiento de formación del contrato constituye la sucesión ordenada de actos que contribuyen a la formación, celebración y producción de la plena eficacia jurídica de un contrato público. El legislador define los momentos que constituyen la tramitación del procedimiento, en una lógica de transparencia, garantizando la imparcialidad e igualdad de trato y el acceso al procedimiento y la adecuación procesal.