En Chile, la generalidad de los reguladores sectoriales privilegia un enfoque sistémico dentro del cual los consumidores ocupan un lugar secundario. Paralelamente, la capacidad del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para intervenir en mercados regulados ha crecido durante los últimos diez años. El actual proyecto de Ley del Consumidor continúa con esta tendencia de separar la función regulatoria, entregando mayores atribuciones al Sernac para encargarse de los aspectos conductuales, pero manteniendo un entramado institucional (superintendencias), cuyo foco principal sigue estando en los aspectos prudenciales. Este trabajo propone un marco conceptual para comprender y solucionar los problemas de coordinación administrativa que resultan de este diseño institucional.