En los últimos años, y muy especialmente a partir de la crisis explosiva del 2001, se ha planteado un nuevo escenario para el debate sobre las políticas sociales y de empleo. En este nuevo contexto, ha empezado a cobrar una mayor relevancia la definición de programas de empleo y mejoramiento de ingresos (lo que tradicionalmente se incluía en el subconjunto de las políticas activas de empleo) que buscan encuadrarse en la perspectiva del fomento al sector de la “economía social” y que se enmarcan en un horizonte de mas largo plazo destinado a promover el “desarrollo local”.

Mucho ha contribuido a esta “irrupción” del tema en la agenda de las políticas sociales y de empleo, la propia experiencia de la sociedad civil. Desde el 2001 a esta parte, hemos asistido a una creciente multiplicación de experiencias organizativas de distinto origen y composición social: microemprendimientos gestionados por los movimientos de desocupados-colectivizando fondos percibidos en el marco de los programas de empleo-, la experiencia de las “empresas recuperadas” gestionadas por los propios trabajadores a partir de la capacidad instalada de empresas en quiebra, un poco mas atrás en el tiempo-ahora en cierto declinamiento-, los clubes del trueque, y en términos generales, la proliferación de distintas experiencias vinculadas al cuentapropismo y el trabajo informal, que una vez mas, desplegaron los que quedaron excluidos del empleo (como en tantas otras crisis anteriores).