Los conflictos internacionales que dominan el espacio público son una amenaza directa para el desarrollo sostenible en América Latina, y en consecuencia dan origen a descomposición social e inestabilidad de un régimen. Este escenario obliga a repensar el pacto social ya redefinir el rumbo de la agenda gubernamental, con el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Los riesgos que se presentan en un Estado de Derecho fracturado se traducen en la ralentización de la consolidación democrática y la incipiente participación ciudadana en la toma de decisiones, debido a que la violencia estructural se sistematiza y erosiona el espacio político: narcotráfico, corrupción, impunidad, ingobernabilidad democrática y ausencia del imperio de la ley se posicionan y desplazan a las estructuras tradicionales que sustentan el poder gubernamental en este siglo xxi.