Recién se ha estimado que en América Latina y el Caribe 130 millones de trabajadores no están afiliados a un sistema previsional (60% del total de trabajadores) y no tendrán una pensión contributiva. Más de la mitad de ellos son trabajadores independientes (cuenta propia o autónomo), la mayoría de los cuales es informal (BID, 2017). Por otra parte, se calcula que el empleo informal se acerca a 134 millones de trabajadores (OIT, 2016). La OCDE, el BID y el Banco Mundial (2014: 9) advirtieron basados en cifras de 2010:“En promedio, en la región, sólo 45% de los trabajadores contribuyen o están afiliados a un sistema de pensiones, una participación que no ha cambiado mucho en las últimas décadas, a pesar de las importantes reformas estructurales realizadas”. La crisis económica global que comenzó en la región en 2015 y se agravó en 2016, ha provocado una caída en la tasa de participación laboral y en el empleo asalariado, mientras que aumentó bruscamente la tasa de desempleo, y está creciendo de nuevo el sector informal, especialmente el trabajo independiente. Estos cambios adversos afectarán la cobertura por pensiones de la población económicamente activa (PEA) o fuerza laboral (Casanova y otros, 2016). En el futuro se enfrentan problemas demográficos (el envejecimiento) y tecnológicos que repercutirán negativamente sobre el empleo formal y la cobertura de pensiones (OIT, 2016).