La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en julio del 2010 la propuesta presentada por Bolivia, y respaldada por otros 33 Estados, de declarar el acceso al agua potable como un derecho humano. Como era previsible, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido se opusieron a esta resolución, con lo cual, en opinión de Maude Barlow, ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, esta resolución pierde peso político y viabilidad práctica2. Estos cuatro países, y sus fuerzas políticas más conservadoras, aparecen como el gran obstáculo. El peligro para los operadores del agua es grande, ciertamente, un reconocimiento del agua y el saneamiento como derecho humano pondría límites a los derechos de las grandes corporaciones sobre los recursos hídricos, derechos consagrados por los acuerdos multilaterales de comercio e inversión.

Los gobiernos de América Latina están avanzando en el reconocimiento del agua como derecho inalienable y en la afirmación de la soberanía y gestión pública de estos recursos. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, en su artículo 371, que el “el agua constituye un derecho fundamentalí-