¿Existía a principios de la administración del Presidente Peña una posición definida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a los instrumentos de política económica y social que permitirían a la economía del país crecer a una tasa promedio anual cercana a su nivel potencial, estimado en hasta 4.5%? ¿Contaba con el suficiente radio de maniobra para que esta cifra se alcanzara sin afectar aún más las condiciones de desigualdad y mala distribución del ingreso de la población? Los documentos de política económica y social que a partir de 2011 definieron las líneas de la administración, y en cuya redacción estuvo directamente involucrado el equipo que se encuentra al frente de dicha Secretaría, evidencian al menos tres limitaciones que se extenderán hasta el final del sexenio: la subordinación del crecimiento económico a la elevación de la productividad; la omisión de una política laboral, y el abandono definitivo, a partir de 2015, de una política de seguridad social universal (SSU), junto con un esfuerzo serio por promover la recuperación del salario mínimo y con ello el consumo interno.